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Portada  |  14 febrero 2020

Un vecinalista fue acusado de instigación a la toma de la meseta y quedó detenido con prisión preventiva

Durante una audiencia de formulación de cargos que se realizó en la Ciudad Judicial, el fiscal Jefe Pablo Vignaroli, acusó a Armando López por determinar una serie de usurpaciones de tierras en la zona oeste de la ciudad de Neuquén. Además de formular los cargos, el fiscal jefe argumentó que, de permanecer en libertad, el acusado podía entorpecer la investigación, por lo que pidió que se le impusieran seis meses de prisión preventiva.

La jueza de Garantías a cargo de la audiencia hizo lugar a los pedidos. Consideró que, en la actual etapa de la investigación, las pruebas presentadas por la fiscalía son suficientes para sostener la formulación de cargos y para dictar la prisión preventiva. En este último punto, ordenó la medida cautelar por cuatro meses.

 El hombre había sido detenido ayer, en el marco de dos allanamientos realizados en su vivienda particular, en el barrio Valentina Norte de la ciudad de Neuquén y la sede de la comisión vecinal.  Los procedimientos se dieron en el contexto de una investigación iniciada por el supuesto delito de instigación a la toma de tierras y tráfico de influencia en la toma Bajada de Maida, en el límite entre las ciudades de Neuquén y Plottier. En estos inmuebles fueron secuestrados teléfonos celulares, cuadernos, anotaciones en papel y una computadora.

 Junto al fiscal del caso Marcelo Silva, Vignaroli le atribuyó a Armando López. haber convocado, en su carácter de dirigente vecinal del barrio Valentina Norte Rural, a una serie de reuniones para concretar la toma de tres predios. Las tierras en cuestión están ubicadas en tres sectores: Bajada de Maida, un fraccionamiento sobre calle Genko que es reconocido como sucesión Fava y otro ubicado sobre calle primavera, en el sector Los Hornos.    

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que A.L. prometió a las familias convocadas -y previo pago de distintas sumas de dinero- que utilizaría indebidamente su influencia como autoridad de la Comisión Vecinal para regularizar las tierras ocupadas ilegalmente.

Los delitos atribuidos al dirigente vecinal  se califican como Instigación a cometer delitos, tres hechos (artículos 45 y 181 del Código Penal)  en concurso real con tráfico de influencias (256 bis y 55 del Código Penal).

 El fiscal jefe solicitó cuatro meses de plazo para desarrollar la investigación. Además, describió que A.L. tiene una alta influencia en las personas que eventualmente deberían ser entrevistadas como testigos en el caso, por lo que pidió a la jueza que impusiera seis meses de prisión preventiva. Esa medida cautelar, argumentó el fiscal, era la única que podría contrarrestar el peligro de entorpecimiento de la investigación por parte del acusado.

 Ante la solicitud, la magistrada tuvo por formulados los cargos de acuerdo con la descripción realizada por el fiscal y dictó la prisión preventiva por cuatro meses.

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